Las organizaciones de la sociedad civil, garantes de transparencia y legitimidad

Por JORGE GIORNO / Presidente Foro Argentino de Empresarios para el Siglo XXI

En los últimos años, el fortalecimiento de la representación política se ha vinculado estrechamente con las organizaciones de la sociedad civil, cuyo crecimiento exponencial las ha convertido en un vínculo indispensable para garantizar un buen gobierno. Es en este escenario que Jorge Macri y su gobierno enfrentan un desafío crucial: sumirse en los acuerdos de la vieja política, rechazados a nivel nacional, o abrazar una dinámica de acuerdos y consensos que aseguren la participación colectiva, la representación genuina y la búsqueda de apoyo para sus acciones.

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Quienes abogamos por este enfoque apelamos al sentido común. En octubre de 2023, más de 400 dirigentes representando a 270 organizaciones de la sociedad civil se congregaron en la sede del Colegio Público de Martilleros bajo el lema: “El compromiso de las Organizaciones de la Sociedad Civil, búsqueda de consensos para acompañar las políticas de gobierno”. Este encuentro sintetizó un deseo compartido: ser protagonistas de la planificación y asumir la responsabilidad de ser actores en la acción.

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El nuevo orden mundial demanda inteligencia estratégica y pasión por la acción para integrarnos. En este proceso, debemos fomentar el compromiso, la participación y el involucramiento ciudadano, ya sea para apoyar o cuestionar según las circunstancias. Jamás debemos estar ausentes ante los problemas ni distantes de la búsqueda de soluciones.

Dando contenido y sustancia a las decisiones colectivas, podremos detener cualquier intento absolutista y poner freno a los populismos de izquierda y derecha. En esta experiencia, garantizaremos transparencia y legitimidad, trascendiendo la mera legalidad en los actos de gobierno.

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Cada año nuevas organizaciones se incorporan a este proceso fortaleciendo cada vez más el nuevo paradigma de representación que el mundo moderno nos exige para legitimar los proyectos de transformación ciudadana. Son las autoridades las que deben reconocer a estos nuevos actores y definir las áreas de participación correspondientes.

Ignorar esta situación indefectiblemente pone en peligro la calidad de la gestión de gobierno.