Por EDUARDO AMADEO / Dirigente de Juntos por el Cambio
La presentación de la CGT del amparo para que se declare la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 y su convalidación por la Justicia, es el primer episodio de una larga batalla política en la que el populismo intentará sostener sus principios “culturales” que tanto daño han hecho a toda la sociedad priorizando los objetivos políticos por sobre los humanos.
Tales vicios se han dado en todas las áreas de gobierno, en las que cualquier valor asociado a la calidad de las acciones públicas ha sido descartado como de procedencia “conservadora”: inversión y productividad en la economía; honestidad en la administración; eficiencia en las obras publicas; previsibilidad en las relaciones exteriores han sido-y son- consideradas por el kirchnerismo como adversarios del rumbo nacional y popular que proclaman como su eje estratégico.
En el campo social, los ejemplos y sus resultados de este desvarío son tremendos por el efecto que han tenido sobre millones de personas que necesitan desde hace décadas construir una vida digna.
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Por ejemplo, se multiplicaron sin control las transferencias a las organizaciones sociales para programas de trabajo popular mientras congelaron los programas de formación a los jóvenes no políticos para ingresar al mercado de trabajo formal. Denostaron los conceptos de calidad y evaluación educativa por razones ideológicas (“un concepto de la derecha”) cronificando la exclusión que hoy sufren millones de jóvenes.
Rechazaron las acciones de control de impacto en las inversiones sociales – que en países como Brasil y Chile son el eje de sus políticas exitosas- y generaron despilfarro e ineficiencia cuyas víctimas son los pobres. Su aparato político se apropió del área de adicciones (Sedronar) y lo convirtieron en un espacio de clientelismo e ineficiencia.
A pesar de transferirles miles de millones de pesos, no introdujeron ninguna norma de calidad para los múltiples servicios complementarios de las organizaciones (comedores, escuelas, etc.), malgastando así una gran oportunidad de mejorar la vida de los excluidos. De tal modo, el Estado se convirtió en cómplice del despilfarro político.
Todos estos vicios – francamente perversos- se expresan con brutalidad en lo que ha sucedido en el mercado laboral, que debería estar en el centro de cualquier proyecto de desarrollo realmente humano. Bajo la repetición malévola de la “protección de derechos”, el kirchnerismo ha construido un sistema oligárquico que defiende a los incluidos y excluye más aún a los excluidos; soportado por una estructura a la que concurren múltiples corporaciones sindicales y profesionales que se benefician de sus excesos; y que es la que se intenta modificar con las reformas que está cuestionando hoy la Justicia.
Este episodio muestra la complejidad de la tarea y la necesidad de sostener múltiples frentes, tan intensos como lo es la importancia de derrotar un proyecto que ha causado tanto daño, en especial a los más pobres.
En los criterios y mecanismos de intervención de todo el Estado, no se trata solo de mejoras marginales u operativas; ni siquiera de asignar más recursos. Se trata de partir de valores diferentes y por tanto construir un nuevo modelo en el que lo central sea el derecho de las personas a tener una vida digna; y que sea incorporado plenamente por provincias y municipios; lo que implica un trabajo político y social intenso.
El camino es largo y dificil. Habrá que reformar los criterios de intervención de los fondos públicos, con principios tales como la obligación de usar herramientas de control de calidad de las inversiones sociales; establecer la prioridad de los derechos de los ciudadanos por sobre las corporaciones políticas o gremiales; dar capacidad de control a los ciudadanos sobre los aparatos públicos.
Y sobre todo , excluir absolutamente cualquier propósito político en las decisiones públicas; lo que significa un cambio refundacional en muchos territorios de nuestro país.
La batalla que se inicia ante la decisión de la Justicia laboral es absolutamente crítica para que los más pobres aprovechen las ventajas de una economía en expansión en lugar de seguir siendo excluidos como ha sucedido durante décadas.
En síntesis, le espera a la capacidad política y operativa del nuevo gobierno un apasionante desafío: no solo cambiar los valores, sino también lograr que esos nuevos conceptos pasen a definir la acción cotidiana del Estado en cada rincón del país para lograr revertir la tragedia humana que nos ha dejado el kirchnerismo.