Aunque la norma resultó un hito en 2017 y ha resistido diversos embates judiciales del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires
En 2017, la sanción de la Ley 5.859 en la Ciudad de Buenos Aires eximió a los inquilinos de pagar los honorarios de las inmobiliarias. Asi se vieron beneficiados más de un millón de personas que alquilan en la Ciudad,. Un verdadero logro de las agrupaciones de inquilinos que ha sobrevivido a múltiples intentos de derogación de sectores inmobiliarios corporativos.
Incluso semanas antes de asumir, Diego Frangella, flamante presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), anticipó que centrará su gestión en la eliminación de la Ley 5859.
¿QUÉ ESTABLECE LA NORMA?
En su artículo 4, la ley prohíbe a las inmobiliarias cobrarles a los inquilinos “comisiones y gastos de gestoría de informes”. Además, en el mismo apartado, la ley establece que “el monto máximo de comisión que se le puede requerir a los propietarios será el equivalente al 4,15% del valor total del respectivo contrato”.
Con la derogación de la ley, la intención de Frangella es que las inmobiliarias tengan libertad para aumentar la comisión a los propietarios y poder cobrarles también a los inquilinos.
En 2021, Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados, explicó: “En 2017 logramos que la Legislatura vote que los honorarios de las inmobiliarias ya no los paguemos los inquilinos, si no, los propietarios. En términos económicos, esto eran unos 10 mil millones de pesos por año, que los inquilinos transferíamos a las inmobiliarias. A partir de ese logro, todas las inmobiliarias de la Ciudad y el país judicializaron esa ley y la llevaron hasta el Tribunal Superior de Justicia”.
Ese año, el Tribunal Superior de Justicia porteño rechazó el planteo de CUCICBA, mientras que al año siguiente, fue la Corte Suprema de Justicia la que confirmó la constitucionalidad de la normativa tras la queja presentada por los abogados del Colegio.
Tal como explicó Muñoz, en la Ciudad de Buenos Aires más del 40% de los habitantes alquilan viviendas. Asimismo, esa cifra se ha duplicado en los últimos 20 años. “Además estamos hablando de la Ciudad más cara para alquilar y para comprar. Es un negocio multimillonario y parte de esas ganancias se aplica por la ilegalidad y el abuso”, advirtió.
En línea con la ofensiva que el mercado inmobiliario conservador emprendió contra la Ley Nacional de Alquileres, Frangella buscará seguir por la vía del amparo judicial para conseguir la derogación de la norma. En la práctica, eso supondría una enorme barrera para el acceso a la vivienda en alquiler.