Por SILVANA GIUDICI / Diputada Nacional electa por Juntos por el Cambio
dibujante y humorista gráfico Nik vuelve a ser noticia. Esta vez es la familia Massa la que a través de abogados radicados en Estados Unidos lo intima judicialmente y amenaza con procesarlo por sus posteos sobre la contratación fallida del hijo del ministro de Economía para generar contenidos desde Qatar durante el mundial de fútbol. Con pocas horas de diferencia el cronista además recibió cartas documentos de los abogados de Chiqui Tapia, el Presidente de la AFA, en el mismo sentido.
Está claro que Cristian Gustavo Dzwonik está siendo perseguido por opinar. Sus posteos y caricaturizaciones en las redes sociales ejercen una molestia enorme. Ya sea exponiendo sus datos personales, como hizo Aníbal Fernández en octubre de 2021, en tono amenazante, o denunciándolo, como hacen ahora Malena Galmarini y el hijo de Sergio Massa, queda de manifiesto que Nik está en la mira. Apuntan a Nik los que no se bancan la crítica, las opiniones periodísticas ni el humor político. Apuntan a Nik y a todos los que exponen sus opiniones críticas aquellos que nunca respetaron la libertad de expresión y que consideran que el disenso es un delito.
En un extremo del riesgo que provoca esta tendencia en las sociedades modernas podemos citar la masacre ocurrida en la redacción de la revista Charlie Hebdo, en enero de 2015, provocada por fundamentalistas que no se bancaron una caricatura sobre Mahoma. Por eso es importante recordar que el humor político está protegido por los tratados internacionales de derechos humanos y garantizado en nuestra Constitución Nacional.
A la par de las denuncias contra Nik, Cristian Sanz, periodista autor de varios libros advierte que recibió notificaciones judiciales de parte de la señora Malena Galmarini y que decenas de tuiteros estarían recibiendo también cartas documentos partiendo de una denuncia que solicita, entre otras medidas, a la jueza María Servini de Cubría allanamientos de domicilios y computadoras para descubrir una supuesta conspiración de tuiteros para desacreditar a “su marido” (así menciona la denunciante al ex candidato presidencial en su escrito).
No es la primera vez que asistimos a estos intentos de penalización de opinión en redes sociales, recordemos el montaje del ciberpatrullaje durante la pandemia, o la persecución de periodistas y abuelitos tuiteros durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. También una investigación llevada a cabo por intelectuales y militantes kirchneristas que indagaban sobre origen y vinculaciones twiteras en una publicación que se llamó Reacción Conservadora.
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Es decir, la pulsión por la denuncia y control de opinión en redes sociales es una constante en el espacio filokirchnerista. Que quede claro: la denuncia y procedimientos judiciales cuando se está en presencia de amenazas de muerte es válida y se efectúa en procesos que resguardan las garantías individuales. Pero estas denuncias se basan en opiniones, que según la presidenta de AySA demostrarían una conspiración contra ella y su familia. Recordando que el delito de opinión no existe y que la jurisprudencia argentina en el caso Patitó, Vago y Kemelmajer entre otros, la Corte Suprema ha definido que el denunciante tiene que demostrar que la información que publica el denunciado se basa en mentiras. La doctrina de la real malicia se complementa con el Código Penal que cuando tipifica delitos contra el honor expresa que en ningún caso configurarán delito de calumnias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas.
Si los posteos a los que refiere la denuncia además son aquellos en los que Nik formula preguntas o se expresa con ironías, va a ser probable que ningún juez le dé curso favorable a la causa.
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Pero la gran pregunta es ¿Por qué un estudio costoso radicado en Miami que se dedica a la defensa de sociedades offshore mencionadas en los Pandora Papers, inicia una demanda que luego se complementa con la carta documento de Tapia? Seguramente parte de esa pregunta se responda en la causa. Queda claro que luego de la jurisprudencia citada, los denunciantes deberán probar que la contratación del hijo de Massa no está vinculada a empresas relacionadas a su padre y el presidente de la AFA. Por su parte, Malena deberá probar que las contrataciones de cloro y camionetas en AySA fueron transparentes y que todas las opiniones críticas fueron formuladas en base a mentiras.
Estaremos atentos a la defensa de Nik, Cristian Sanz y el resto de los ciudadanos denunciados, no solo para resguardar sus derechos a opinar libremente sino también para observar como prueban los denunciantes la falsedad de las críticas por ellos expresadas.