Por EDUARDO AMADEO / Dirigente de Juntos por el Cambio
El nuevo gobierno enfrentará una situación social inédita. Además de la pobreza ampliada por los shocks inflacionarios y la decadencia productiva, cerca del 40% de la población ha sufrido un empobrecimiento estructural generado por el deterioro educativo en todos los niveles, la dificultad de acceso a un empleo decente, el daño de la droga a los jóvenes pobres, la imposibilidad de ahorrar, y el declive en el funcionamiento familiar; todas carencias que vienen empeorando entre generaciones y profundizan la dificultad para construir proyectos de vida digna.
Que la pobreza puede profundizarse si no dedicamos a evitarlo el mayor esfuerzo lo señala el hecho de que la tasa de pobreza de los niños es mayor que la de los adultos y hoy no existen mecanismos sociales que hagan pensar que con el transcurso del tiempo puedan mejorar su situación. Por el contrario. Por eso es que la alternativa que necesitamos desarrollar para reconquistar el futuro de millones de argentinos debe tener una base ética: recuperar los derechos esenciales y las capacidades de las personas, respetando sus libertades básicas y optimizando el aprovechamiento coordinado de los recursos de la sociedad. Y no puede construirse con opciones parciales. Más aún, debe figurar como prioridad explícita de cualquier programa de gobierno.
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Es obvio que no habrá salida de la pobreza sin crecimiento sostenido. Nuestros cálculos estiman que si la economía creciese 4% anual durante 24 años se podría reducir la pobreza al 10%, eliminando la indigencia y reduciendo la informalidad laboral al 20%. Para que eso sea posible es necesario que la tasa de inversión bruta para acompañar la expansión del producto crezca a un promedio del 22% del PBI, con un crecimiento sistémico de la productividad global de los factores.
Pero esa proyección optimista de crecimiento tiene condicionantes que surgen del daño social acumulado: solo podrá cumplirse si se revierte el deterioro en las capacidades de los jóvenes. Nuestro país ya muestra crecientes dificultades para contar con los recursos humanos necesarios para sostener el proceso de crecimiento, dado que apenas el 16% termina la secundaria a tiempo con niveles satisfactorios de aprendizaje en lengua y en matemática, y los graduados universitarios son menos que en países similares que no enfrentan semejantes desafíos de crecimiento en tan poco tiempo. Y si analizamos las cifras según el componente de educación pública o privada, el panorama desde la perspectiva distributiva es más grave aún.
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De allí la importancia de lanzar el primer día de gobierno un programa de transformación educativa que cambie de raíz todas las carencias actuales del sistema, siente las bases para optimizar las capacidades de los docentes y asegure el cumplimiento de las normas en beneficio de los alumnos. La crisis tan prolongada ha generado un mundo de economía informal, de muy baja productividad, que es fuente de ingresos escasos para millones de personas y en el que la mejora de la calidad del empleo debería convertirse en un objetivo central de las políticas públicas, incluida una mayor inserción de la mujer en la fuerza laboral. Eso exige replantear los marcos normativos y los instrumentos que hagan más productivo al sector informal, de modo que esas personas puedan acompañar las potenciales tasas de crecimiento del producto. Contra lo que suele afirmarse, tales reformas en el campo laboral son una herramienta central de equidad ante un sistema que ha excluido a los más pobres del beneficio de tener una vida laboral previsible.
Estas son algunas de las razones que muestran que resolver el tema de la pobreza es mucho más que solucionar el problema de los planes sociales y aun de la pobreza por ingresos. El Estado debería ser un actor principal de este proceso, un actor que hoy está organizado solo para agredir a los pobres en el acceso a sus derechos más elementales. Se ha convertido en un objetivo en sí mismo, sin ninguna norma que privilegie el bienestar de los ciudadanos, habiendo desaparecido de su funcionamiento patrones elementales de la buena administración, por lo que las intervenciones sociales se hacen a ciegas y no se pueden evaluar los resultados para poder optimizarlas.
La manifestación más dramática de este problema es la de los niños, que son los más pobres en todas las dimensiones, y no tienen retorno para los daños que sufren en esa etapa de la vida. Hay provincias y municipios con números de mortalidad infantil y desnutrición que son escandalosos, asociados al deterioro generalizado de la educación. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA sigue metódicamente las privaciones que los afectan: nutrición (incluidos agua y saneamiento), acceso a la salud, dinámica en el interior del hogar, carencias materno-infantiles, vivienda; todas dimensiones en las que nuestro país viene empeorando en comparaciones internacionales, mientras existen en la práctica de muchos países experiencias positivas que podrían aplicarse.
Para avanzar en resolver este problema tan complejo, el Estado debe convertirse en un difusor de las tecnologías reconocidas, a través de acuerdos con provincias y municipios que incluyan capacitación del personal y la aplicación de técnicas de evaluación de impacto que aseguren la optimización en el uso de los recursos.
También en lo inmediato, y de claras implicancias políticas, deberemos afrontar el problema de los planes sociales que, además del desorden y la politización, han desplazado al Estado de la fijación de prioridades y criterios de administración de los cuantiosos fondos. El Estado debe recuperar la administración de esos recursos, insertándolos en un programa de mediano plazo que fije prioridades y las relacione con los problemas estructurales de la pobreza, en especial con la capacitación de las personas para poder integrarse cuanto antes al mercado de trabajo de calidad; una dimensión que ha ido empeorando sistemáticamente pero que es crítica para mejorar de manera permanente las condiciones de vida.
Sabemos que habrá un conflicto inevitable con quienes han hecho de los planes una herramienta política, pero será necesario afrontarlo, no solo por razones de eficiencia, sino también porque es una señal sobre los principios éticos en la administración de los recursos públicos. El espacio de los planes sociales brinda también una oportunidad para trabajar con eficiencia sobre otras dimensiones de la pobreza extrema, como la nutrición, la escolarización y la situación de las mujeres, que pueden ser ayudadas de múltiples maneras para mejorar su propia vida y la de su grupo familiar. Para eso, además, la interacción con municipios y aun empresas permitirá asegurar un tránsito eficaz hacia una situación eficiente y pacífica.
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Pero para poder avanzar en todos estos temas tan complejos, es esencial poder resolver una cuestión política vital: la relación entre Nación, provincias y municipios.
El gobierno nacional enfrentará serias limitaciones financieras y operativas para poder cumplir con el mandato elemental de la equidad. El funcionamiento de la coparticipación, la ineficiencia en el uso de recursos federales y la inequidad ya acumulada hacen que sea necesario plantear reformas integrales para asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas en todo el territorio nacional. Ya no existe más el Estado federal rico, capaz de fijar y ejecutar objetivos sociales, pero por eso no puede abandonar la obligación constitucional de velar por el bienestar de los ciudadanos. Es un problema muy complejo, tanto desde el punto de vista ejecutivo y financiero como político, y por eso, el mismo sistema político debería poner el mayor esfuerzo en construir un pacto federal con objetivos de refundación de la dimensión social, incluyendo acuerdos operativos.
Como ejemplo, el establecimiento de bases de datos unificadas de los programas sociales en todo el país, de acceso público y que sirvan para evitar abusos y exclusiones, ayudará a terminar definitivamente con el manejo clientelar de los recursos destinados a la pobreza. Si habrá reformas en el sistema de relaciones fiscales con las provincias, no puede perderse allí la oportunidad de incluir explícitamente la dimensión social. Las provincias están en una mucho mejor situación fiscal, y podrán optimizar su impacto sobre todas las carencias que hemos mencionado, si adoptan criterios compartidos de mejor administración con el apoyo técnico del Estado federal.
La cantidad de problemas sociales a resolver es enorme, y solo podrá lograrse si hay unidad de concepción de todo el sistema político sobre la base de principios éticos que prioricen el desarrollo de las capacidades de las personas para poder construir una vida digna. El gobierno en ciernes ha recibido un apoyo inédito que refleja la desesperación de millones de personas por poder construir una vida mejor. Pero para que se puedan cumplir estos objetivos de humanidad, es vital que el sistema político acompañe con todas sus herramientas –desde el voto en los Congresos hasta las administraciones– a quienes tienen semejante desafío por delante.