Por ÁLVARO GONZÁLEZ / Diputado Nacional por Juntos por el Cambio
En febrero, el kirchnerismo puso en marcha un juicio político contra la Corte Suprema, en busca de un objetivo que persigue incansablemente desde hace más de diez años: someter al Poder Judicial y garantizar su impunidad. Por su parte, el Consejo de la Magistratura inició a fines de septiembre su acusación contra el juez de primera instancia de Mendoza, Walter Bento.
La celebración casi en simultáneo de estos dos procesos es una oportunidad única para que la ciudadanía pueda contrastar en vivo, en tiempo real, cómo luce un juicio político genuino, en el que se respeta el derecho de defensa, y qué ocurre cuando las garantías procesales brillan por su ausencia.
En el caso del juez de primera instancia mendocino, el juicio político sobre el mal desempeño de sus funciones transcurre ante el Jurado de Enjuiciamiento, y está siendo llevado adelante con apego escrupuloso a los protocolos y procedimientos legales. La acusación, a cargo de los consejeros Miguel Piedecasas, Roxana Reyes y Eduardo Vischi, se conduce de un modo serio, respetuoso y acorde con los más altos estándares profesionales.
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Las exposiciones de todas las partes son técnicas, las preguntas son pertinentes y formuladas del modo en que lo prescribe la ley. Los testigos han sido citados solo a partir de la constatación de elementos objetivos y no como parte de una “excursión de pesca”. Y todo ello sucede gracias a que todas las partes están a la altura de su rol institucional y las sesiones son moderadas por una presidencia imparcial.
Más aún, a diferencia de lo que ocurre con los jueces de la Corte Suprema, el juez mendocino ha podido ejercer plenamente su derecho a la defensa desde el minuto cero. Como corresponde a un Estado de Derecho, ha sido asistido o representado desde el inicio mismo del expediente por un equipo de abogados defensores, con amplia oportunidad para alegar, ofrecer prueba o plantear objeciones.
Por el contrario, y aunque parezca increíble, nada de esto se verifica en el juicio contra los jueces de la Corte.
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El proceso contra los integrantes del alto tribunal se desarrolla, desde hace varios meses, en medio de un festival de irregularidades procedimentales y en violación a las garantías constitucionales más elementales.
Para la Corte no hay, siquiera, un abogado defensor que pueda controlar la prueba u objetar su procedencia. Los cargos no se encuentran definidos con precisión. Semana tras semana se citan testigos de modo imprevisto, y sin que se sepa cuál es el hecho que lo motiva. Las audiencias testimoniales se realizan sin que haya nadie que, en representación de la defensa, pueda objetar o repreguntar.
Las preguntas que se formulan se parecen más a un discurso político de barricada que a lo que ocurre en un proceso legal. Son casi siempre capciosas o sugestivas. Lejos de buscarse la verdad, las audiencias se han limitado a hostigar a personas cercanas a los jueces, o bien, a intentar hacer pasar como testimonios fiables a declaraciones de funcionarios adictos al Gobierno, como, por ejemplo, la de la muy cuestionada Silvina Batakis.
La doble vara no puede ser más ostensible. El desarrollo simultáneo de estos dos procesos, que se transmiten en vivo y en directo, es el mejor modo para que cualquier persona comprenda de qué modo se hace realidad la garantía constitucional del debido proceso, y qué penoso es lo que ocurre cuando se la viola.
Ante la próxima cita electoral, sería deseable que el votante tome en cuenta esta perspectiva. Porque estamos frente a un asunto que no solo concierne a los legalistas, al “círculo rojo” o los más politizados; es un problema que afecta el tejido mismo de nuestra comunidad. Porque un país sin instituciones sólidas está condenado a la pobreza y al fracaso. La defensa de un Poder Judicial libre e imparcial es una responsabilidad que recae sobre todos los hombres y las mujeres de buena voluntad que soñamos con una Argentina próspera, justa y democrática.