Por ROBERTO GARCÍA MORITÁN / Legislador porteño por Republicanos Unidos
Hoy hay 518.000 empresas registradas en el país y 60.000 empresas relevantes menos que hace una década. Esa tragedia empresarial en la Argentina tiene que terminar: es necesario revertir el actual sesgo antiempresario. La política económica sin escrúpulos del kirchnerismo llevó a que apenas el 0,2% de las empresas sean consideradas “grandes”. El resto de la capacidad empresarial del país se reparte entre microempresas (83%) y pequeñas y medianas empresas (16,8%).
Estas referencias, de fuentes oficiales, ponen en evidencia la gravedad del escenario productivo nacional. Y el Gobierno no hizo nada para detener este declive, sino todo lo contrario.
En ese universo improductivo, las medidas oficiales siguen castigando a las pymes que aportan el 50% de las ventas y el 30% del valor agregado. Las pymes argentinas tienen la tasa más alta de mortalidad empresarial de América Latina. El 80% de las pymes cierran sus operaciones antes de cumplir los cinco años y, de las restantes, solo un tercio sigue con vida después de una década. El universo de las pymes no crece, sino que decrece: en los últimos tres años cerraron 12.000 (80 por semana).
En ese contexto, el mapa estadístico empresarial no puede ser más desolador. Resulta urgente revertir un desquicio que es multiplicador de pobreza y ahoga la producción de riqueza. Es indispensable potenciar a las pymes, que son las principales generadoras de empleo genuino y el motor de la economía (el 70% del empleo y el 50% del PBI). Es hora de disminuir seriamente la carga fiscal, los impuestos distorsivos sobre las actividades económicas además del impuesto inflacionario.
Argentina, en base a datos del Banco Mundial, tiene una presión impositiva superior a países como China, México o Chile. Representa el 106% de la ganancia neta de una pyme. Un gobierno nacional asfixiante en materia fiscal, tributaria y laboral solo logró que las empresas no tomen más personal. Es la prueba de que las políticas autoritarias en marcha solo hacen que todo funcione al revés.
También es necesario flexibilizar y agilizar normas y procedimientos administrativos que generen costos innecesarios; y eliminar con urgencia regulaciones y trámites que afecten seriamente la rentabilidad. Lastiman gravemente la producción y la competitividad. En la era digital, no es aceptable seguir con una burocracia de trabas y trámites excesivos, que representan unas 900 horas al año (5 veces más que Brasil y el doble de Uruguay), cuando el promedio anual latinoamericano es de 5,4 horas. Urge contar con normas simples, precisas y fáciles de comprender; con el uso generalizado de nuevas tecnologías y herramientas informáticas. Basta de vivir en la incompetencia.
Debemos luchar con intensidad para revertir el lamentable cuadro estadístico que enfrentamos todos aquellos que decidimos invertir. Hay que trabajar por el renacer pyme. El Estado debe facilitar la tarea del emprendedor, creando las condiciones favorables e incentivos adecuados para que apostar por producir e invertir no sea un riesgo. El boom de nuevas empresas, generando riqueza y multiplicando el empleo formal registrado, es posible con políticas adecuadas. Es hora de construir una CABA que sea el núcleo de las startups en nuestro país. Es hora de cambiar la Argentina.