La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió “intervenir judicialmente” la fundación que preside Patricia Bullrich, el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES). Se acusa al organismo de “haber estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar acciones de proselitismo político a través de seminarios, almuerzos y/o aportes”.
Tras investigar los movimientos dinerarios y actividades de sus directivos en 2022, la IGJ determinó que se trata de “una asociación sin fines lucrativos” a través de la que se desplegaron actividades “presuntamente lícitas en origen pero que tiene como fin el sostenimiento económico de una campaña política de proyección nacional”.
“Bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro, se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar -en todo o en parte- acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado”, resaltó.
Además, apuntó a los millonarios montos que recibió el IEES por “seminarios, almuerzos y/o aportes y los pagos por “viajes” -que se relacionan con la agenda política de Bullrich- y facturas emitidas a “consultores políticos” cercanos a la campaña de la Presidenta del PRO.
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Sobre los ingresos por seminarios, detalla por lo menos diez pagos recibidos de distintas personas que suman montos millonarios. El texto ejemplificó el envío de dinero que realizó David Lacroze Ayerza a la fundación, quien de junio a diciembre de 2022 hizo transferencias por una cifra cercana a los 3 millones de pesos por seminarios, almuerzos y/o aportes.
La denuncia también tilda de “llamativo” el ingreso de 1.600.000 pesos entre julio y octubre de ese mismo año de empresas como Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz como “aporte/donación” en julio y como “seminario” en los sucesivos meses, “siendo todos los pagos por el mismo monto”.
El texto menciona casos de otras personas físicas y empresas que enviaron pagos como «aportes, donaciones o pago de seminarios».
También cuestiona el modo en que la fundación confecciona sus facturas, ya que se limita a consignar la palabra ‘seminario’sin dar detalles. “Sin indicar fecha, ni lugar de realización, ni el nombre de la capacitación, ni lugar de realización, ni el nombre de la capacitación a desarrollar, como así tampoco la cantidad de asistentes que tienen derecho a participar en nombre del contratante”, remarcó.
Además, la IGJ apunta a la forma de difusión y promoción que se realizó en torno a su oferta educativa, algo que el IEES dijo que es “vía telefónica”.
“Respuesta poco consistente con el éxito de la actividad durante 2022, período en el que han recibido ingresos en concepto de seminario por parte de unas cuatrocientas personas humanas y jurídicas de distintas zonas del país”, detalla el texto, y agrega que la fundación recibió en contraprestación “montos que superan los 60 millones de pesos”.
Se menciona una “evidente sincronización” entre las acciones políticas de Bullrich y los aportes y pagos en concepto de seminarios.
Detalló que en junio de 2022 el IEES abonó 110.300 pesos por pasajes aéreos a la ciudad de Salta, que se emparenta con el viaje de Bullrich a esa provincia, donde hizo recorridas y encuentros con dirigentes.
También se considera “altamente reprochable” el uso de 1.760.954 pesos para afrontar los gastos del viaje de Bullrich a Miami en diciembre de 2022 para participar de un evento.
Se resaltan también pagos a consultores en campañas políticas y especialistas en procesos electorales y se destacan nueve facturas por 1.260.000 pesos a María Oneto, quien forma parte del equipo de campaña de Bullrich.
Para la IGJ, todos estos pagos no sólo “no guardan relación con el objeto social de la entidad sino que no resultan consistentes en cuanto a su volumen” con la situación que atravesaba la empresa anteriormente.
El documento alude a que el diputado nacional Gerardo Milman renunció como vocal de la institución al mismo tiempo que dejó de participar en el equipo de campaña de Bullrich, lo cual “permite confirmar que IEES es una formal persona jurídica sin fines de lucro, utilizada estructural y financieramente para la campaña política nacional de la presidenta de la institución”.
Estamos en presencia de una asociación sin fines lucrativos a través de la cual, desplegándose una actividad pretensamente lícita en origen, pero que deviene ilícita por su real desarrollo y finalidad, se procura el sostenimiento económico de una campaña política de proyección nacional”, resaltó la IGJ.