Por FLORENCIA ARIETTO / Ex Asesora del Ministerio de Seguridad de la Nación
Frente a la creciente ola delictiva, debemos entender que la seguridad se relaciona directamente con la libertad, la justicia y la paz, porque sin seguridad no podríamos ejercer los derechos y garantías previsto en la Constitución Nacional. Entonces, debemos tomar decisiones urgentes.
Desde la perspectiva de las políticas públicas, la seguridad es un servicio esencial a cargo del Estado, destinado a implementar planes y acciones concretas para facilitar el desarrollo de los habitantes y el alcance de sus objetivos personales, sociales económicos, políticos, libre de todo peligro, riesgos y amenazas.
Para ello, hay que adoptar el paradigma de la seguridad ciudadana, que en nuestro país por ahora es discurso, diseñando una estructura de gobierno, de conducción política, gestión y control, un plan de seguridad integral, multidimensional y plural, del cual deben formar parte las fuerzas de seguridad y cuerpos policiales.
Dispositivo que incluya a nuestras infraestructuras críticas frente al avance del terrorismo y del crimen organizado. Además, incluir comunicación eficiente y pública, informes de gestión, mecanismos de accountability y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios del Ministerio y de las FFSS sobre su desempeño en forma periódica y con información accesible y de calidad.
Un aspecto no menor es el modelo de policía que se quiere, y debe estar asociado a este paradigma con sus correspondientes procesos de formación y capacitación profesional y libre de “partidismo”; la seguridad es técnica.
El principal esfuerzo debe estar volcado en la prevención, actividad esencial y prioritaria para anticiparse a los riesgo o amenaza. Debe ser planificada y coordinada, en lo social (a largo plazo), situacional (local, restando posibilidades al delito) y comunitaria (participativa). Y para guiar sus acciones, es fundamental la inteligencia criminal.
Debemos incrementar la capacidad de reacción o respuesta ante cada fenómeno delictivo. El Estado debe ser ejemplo en ello, las acciones investigativas – seguridad reparadora, deben realizarse siguiendo las leyes, usando las técnicas investigativas, la tecnología y todos los recursos disponibles; estar direccionadas al esclarecimiento total del o los hechos, la desarticulación de las organizaciones, el recupero de sus ganancias, el sometimiento de los autores a la justicia y la atención a las víctimas.
En la prevención, en la investigación y en la inteligencia criminal, y parte del plan, es importante considerar las nuevas tecnologías, la innovación y la investigación en la gestión de la seguridad debe ser una constante, porque el Estado no puede quedar rezagado, frente a la sofisticación del crimen organizado que invierte en recursos.
En nuestro país, actualmente la principal amenaza a la seguridad es el narcotráfico y los delitos que genera y se diversifica. Y viene creciendo, por los bajos niveles de prevención e investigación, a su capacidad de erosionar las instituciones, que le permitió circular y ganar territorio.
Por ello, es imprescindible desarrollar mayor capacidad en inteligencia criminal, profesionalizando recursos humanos, conectarnos con organismos de seguridad de países vecinos y con otros, donde el fenómeno u organización se manifieste y nos afecte.
Por último, hay que considerar el perfil de los responsables de su conducción y gestión de la seguridad.
Debe reunir atributos desde la internalización de conceptos técnicos de la seguridad, ajustado al derecho y a las técnicas específicas, alejados de la ideología y partidización, hasta las competencias específicas relacionadas con el liderazgo, la planificación, la prevención, la previsión, la formación y la coordinación inter áreas.
La eficiencia requiere la intervención desde la autoridad y del conocimiento en los distintos momentos y factores que deben generar el contexto de la seguridad, por ello indispensable para la construcción de una sociedad más justa, equitativa, feliz y que permita su pleno desarrollo.