La defensora general porteña Marcela Millán y la defensora general adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas Adriana Gigena de Haar elevaron un pedido de informe al Ministerio de Salud porteño. Es para solicitar información respecto a la vacunación contra el COVID-19 para personas privadas de la libertad en comisarías y alcaidías de la Ciudad.
El requerimiento de las autoridades del Ministerio Público de la Defensa porteña tiene por objetivo conocer la incorporación y la potencial existencia de algún cronograma, programación y organización de vacunación respecto a este colectivo. La solicitud se enmarca en los lineamientos generales dictados en abril de este año por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Ambas defensoras señalan que la preocupación está en “la población carcelaria en general, pero particularmente a aquella integrada por quienes por razones de edad o de salud, en caso de encontrarse en el medio libre, podrían estar recibiendo la vacuna actualmente o, inclusive, haberla recibido hace un tiempo a la fecha”. Y agregan: “En el ámbito carcelario, se aloja un número importante de personas que resultan ser adultos mayores y/o que padecen enfermedades de riesgo”, a lo que se suman condiciones de habitabilidad precarias.
Asimismo, afirman que “no puede negarse a las personas privadas de libertad su vacunación con fundamento en su condición de detención. El hacerlo supondría no brindar igualdad de trato a quienes se encuentran razonablemente en las mismas circunstancias contrario a la garantía constitucional referida”.
ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA CIUDAD
El Ministerio Público de la Defensa porteño tiene entre sus funciones la de velar por la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. En este sentido, la Defensa Pública solicita la toma de acciones no discriminatorias, la aplicación equitativa de las normas, el derecho a la salud y la dignidad humana.