Por MARTÍN CÉSAR / Presidente de Jóvenes PRO Argentina
En una reafirmación hacia el rumbo equivocado, el Gobierno argentino decidió retirar su denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de la República Bolivariana de Venezuela. Esta acción por parte del Presidente nos deja en claro dos cosas: no es neutral ante el chavismo –como quiso hacernos parece en su campaña electoral- y su casi nulo compromiso con la causa de la democracia y los Derechos Humanos.
Hace más de dos décadas Venezuela se encuentra dominada por un régimen populista, autoritario y empobrecedor. Según un informe de la Organización de los Estados Americanos hay más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales, más de 12.000 detenciones arbitrarias, asesinatos en protestas, torturas, secuestros y “colectivos” –fuerzas de choque del Partido Socialista Unido de Venezuela- ejerciendo una represión ilegal, amedrentamiento a la población y policía de pensamiento. Tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro han ejercido el poder con mano de hierro, implacables ante cualquier voz disidente y sin que les tiemble el pulso a la hora de encarcelar dirigentes y activistas opositores.
Un país como Argentina, vanguardia y ejemplo histórico en defensa de los Derechos Humanos, no se puede permitir distorsiones a su visión diplomática y política como éstas. Ya este año en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia nos retiramos del Grupo de Lima (una instancia multilateral o grupo de países que –entre otras misiones- brega a por la libertad, la democracia y los derechos del pueblo venezolano). Apartarse de esta institución es una pésima decisión. Elegir esa fecha es una burla solo equiparable a la de firmar un pacto de impunidad por la causa AMIA con un gobierno negacionista el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto como lo hizo el kirchnerismo en el 2013.
Arrojar por la borda nuestra tradición a favor de una política humanitaria activa solo –en términos declarativos- nos sumó un reconocimiento por parte del fiscal chavista Tarek Saab y el repudio de todos los argentinos de buena fe que creemos en los lazos entre pueblos hermanos. Ya nuestra Cancillería este mes realizó otro viraje errado con su comunicado sobre el conflicto de Medio Oriente, en el que equipara un Estado Democrático con un actor no estatal, irregular, terrorista y no representativo del pueblo Palestino.
No se trata de errores involuntarios o no forzados, se trata de un modus operandi el cual deja en evidencia que el compromiso con las causas de la democracia y los Derechos Humanos es nulo. A nivel global lo mostraron con el conflicto en Medio Oriente, a nivel regional con la situación de Venezuela y a nivel local con los regímenes feudales que someten a su población a tratos humillantes e inhumanos como los vistos en Santiago del Estero, a detenciones arbitrarias y centros de aislamiento que nos recuerdan a épocas oscuras en Formosa –administración provincial “modelo” según el Presidente de la Nación-, entre otros. La bandera de los Derechos Humanos es transversal y todos debemos enarbolarla. El respeto irrestricto por estos principios no es algo obvio, sino una causa o conjunto de ideas y valores por los cuales hay que luchar día a día. Que el Gobierno argentino haya dejado atrás una convivencia democrática para pasar a una connivencia autoritaria es un desvío espantoso. Atrasa y nos hace preguntar si es también ese el futuro para nuestro país. Por eso es bueno interrogarse, si los ideales de quienes nos gobiernan son hijos de la democracia o pichones de Maduro.