Por MAXIMILIANO FERRARO / Diputado Nacional por Juntos por el Cambio
Finalmente, se corroboraron las violaciones a los derechos humanos y a la libertad de circulación que sufren los ciudadanos de Formosa en informes realizados por organizaciones internacionales. Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, dos prestigiosas organizaciones, señalaron que el gobierno de Gildo Insfrán, lleva adelante medidas abusivas e insalubres para prevenir el Covid-19.
Lo hicieron a través de un informe que publicaron en Washington, en el que recogieron 45 testimonios entre enero y marzo 2021, muchos de ellos habían estado en los funestos centros de aislamiento armados por el gobierno de Formosa.
Esta información registrada en una publicación que hoy recorre el mundo, la pudimos constatar personalmente en el lugar de los hechos, sin mediación televisiva, ni expedientes. Fuimos varios los diputados de la oposición que llegamos para acompañar a los formoseños. Vimos a un pueblo que no se arrodilla, que no renuncia a la dignidad, a la esperanza, al futuro y a la libertad.
Escuchamos en primera persona a víctimas de violaciones de los derechos humanos, reprimidos, detenidos sin motivo legal en condiciones nefastas con la excusa de protegerlos de la pandemia.
Hablamos con productores que ven limitada su posibilidad de trabajo, con la prensa local a la que presionan constantemente en su libertad de expresión y también vimos como en la llamada “Formosa Imperio del Verde” abundan los basurales a cielo abierto, plagados de residuos patogénicos.
No sólo eso, fuimos detenidos por la policía en la Ruta provincial 2, cuando nos dirigiamos a una reunión con productores de Naineck en Laguna Blanca, sin respetar los fueros parlamentarios, siendo esto una muestra más del autoritarismo del gobernador Insfrán.
Inmediatamente presentamos una acción de amparo para intimar al presidente de la Nación y al Poder Ejecutivo Nacional para que cesen las violaciones de estos derechos. Pedimos a la Justicia que ordene con urgencia una rápida y adecuada actuación conforme sus competencias en esa provincia, ante la manifiesta omisión estatal que tiene como consecuencia las violaciones en los derechos de los habitantes de las diferentes jurisdicciones, quienes están supeditados a decisiones arbitrarias.
Consideramos que el derecho a la libertad, a la salud, a la identidad y a la igualdad de los ciudadanos se ven afectados de manera irrazonable en Formosa poniendo en riesgo la integridad física, moral y psíquica de miles de argentinos.
El informe internacional que mencionamos al comienzo sostiene cifras abrumadoras: desde abril de 2020 más de 24.000 personas han sido obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). El mismo confirma, como ya señalamos, que en “en muchos casos es bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias”.
Usando a la pandemia como excusa se aisló a la gente de sus trabajos, a los alumnos de la escuela y a la Argentina de la atención de temas prioritarios como la pobreza, la inseguridad y la inflación. El gobierno aún ignora la agenda que reclama la ciudadanía, Formosa es el ejemplo más visible y escandaloso, al que se le suman todos los vicios, ilegalidades y violaciones a la Constitución de un régimen feudal. En contraposición, pudimos ver cómo un pueblo decide ser libre y luchar por su dignidad.
La pandemia nos enfrentó a regímenes que abusaron de los estados de excepción, eliminaron las libertades públicas y quisieron anular a toda disidencia. Es necesario defender la deliberación pública, escuchando a todas las voces, dándole centralidad al Congreso Nacional como ámbito en la que todos los argentinos estamos representados.
Los que hablan de legitimidad democrática en Formosa porque Insfrán representa a una mayoría circunstancial, deberían saber que no hay democracia constitucional posible sin derechos humanos, integridad corporal, libertad de expresión y de movimiento, libertad de asociación, derecho a la protesta, deliberación pública, libertades políticas, entre otros derechos fundamentales.
Mientras el gobierno de Alberto Fernández siga en una posición de complicidad y silencio respecto a lo que sucede en Formosa seguiremos exigiendo la intervención federal a esa provincia. Estamos y estaremos para reconocer y acompañar a los formoseños.