Por NATALIA FIDEL / Legisladora porteña
os modelos sociales son símbolos a través de los cuales un gobierno busca promover una cultura y unos valores determinados, para lograr los mayores niveles de cooperación posibles entre los distintos actores de una sociedad. En ese sentido, una cultura virtuosa debería contribuir a la generación de consensos y, sobre todo, de certidumbres sobre lo que la sociedad puede esperar de cada gobierno. Los valores que una gestión encarna (consciente o inconscientemente) hablan del rumbo y las herramientas que priorizará. Por eso, resulta preocupante que algunos de los modelos que el gobierno nacional promueve naturalicen la violencia, la impunidad y los privilegios del poder.
El 28 de mayo de 2020, Alberto Fernández viajó a Formosa y se deshizo en elogios hacia el gobernador Insfrán: “la mayor obsesión de Gildo es que sus comprovincianos vivan cada vez mejor. Eso no habla de un buen político, que lo es, habla de su gran condición humana”, dijo en aquella oportunidad. Lo enalteció como un modelo de gestor: eficiente y sensible. Pero Insfrán no es eficiente ni sensible. Hay que recordar que gobierna ininterrumpidamente hace 26 años, con el 42% de pobreza, el 70% del empleo estatal y una de las tasas de mortalidad infantil más altas del país. También que montó centros de aislamiento ilegales para enfermos de Covid-19; que detiene a opositores y periodistas; y que reprime salvajemente con balas de goma a quienes se manifiestan en contra del autoritarismo con fuerzas armadas adoctrinadas al canto de “Gildo en Formosa va a triunfar”.
El Presidente también promueve a Moyano como un modelo a imitar. Según sus propias palabras “un gran dirigente gremial”. Uno hasta al que se lo invita a almorzar los fines de semana a la Quinta de Olivos en plena pandemia y al que a su gremio se le condona una deuda con el Estado por 810 millones de pesos, pero del que no se dice nada frente a los aprietes violentos y extorsiones con los que el gremio somete (hasta el llanto) a pymes y empresas familiares.
Báez es otro modelo que algunos sectores de este Gobierno insisten en sostener. Tras su condena a 12 años de prisión por lavado de dinero, el senador del Frente para la Victoria Oscar Parrilli lo defendió acaloradamente: “A Lázaro lo condenan porque es morocho, porque es de tez oscura, porque era amigo de Néstor Kirchner, porque no forma parte del círculo de poder que integran los empresarios top de la Argentina”. Omite lo inexplicable: que entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de sus amigos Néstor Kirchner y Cristina Fernández pasó de ser propietario de un inmueble en Río Gallegos a tener 1400 propiedades y un aumento patrimonial de 12127% (Jeff Bezos durante el mismo periodo incrementó su fortuna menos que Báez: 1652%).
El vacunatorio vip también expuso la cultura de privilegios y amiguismos montado en la cúpula del poder durante la peor crisis sanitaria de la historia, y que sólo fue visible por un “furcio” de uno de los beneficiados. La situación acabó con la expiación del ministro de Salud y el ascenso de quien era responsable de la campaña nacional de vacunación, Carla Vizzotti, quien no podía desconocer la situación. La cultura de casta que privilegia a uno pocos y la defensa de ese sistema (recordemos que ninguno de los funcionarios vacunados que se aprovecharon del sistema renunció o fue echado) encarna en hechos los valores de la gestión.
Valores que también se cristalizaron durante el último discurso de apertura de sesiones ordinarias del Presidente en el Congreso de la Nación. El 1º de marzo, Fernández dedicó la parte central de su exposición a detallar un programa que, más que una reforma judicial, tiene el espíritu de una intervención que busca asegurar la impunidad de algunos funcionarios imputados por corrupción. El Presidente aseguró que “quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien”. A veces, la necesidad de aclarar simplemente devela lo que está detrás. Más aún, si a los pocos días la ministra de Justicia deja su cargo “porque ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud”.
El gobierno de Fernández, ya sea por convicción o por debilidad, lamentablemente comenzó a transitar un camino que restringirá su capacidad de generar los niveles de cooperación necesaria para afrontar las consecuencias de la crisis. Cuando se socavan las instituciones y se legitiman la violencia y los privilegios, la confianza se resquebraja ya no por falta de previsibilidad sino justamente por lo opuesto. Es el anuncio de una crónica que ya vivimos.