La legisladora porteña del Frente de Todos Victoria Montenegro, junto a la Asociación de Mujeres Meretrices (AMMAR), presentó un proyecto para derogar el artículo 86 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo criminaliza la oferta de servicios sexuales en la vía pública.
Montenegro, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, destacó que “estamos dispuestas a dar una fuerte pelea dentro de la Legislatura para que se respeten los Derechos Humanos de todas y todos”.
Por su parte, Georgina Orellano, titular de AMMAR, subrayó que “lo que hace la policía es violencia institucional. Es algo que no queremos nunca más en nuestras vidas ni en la cotidianeidad de quienes ejercemos el trabajo sexual”.
Señaló que “tienen que quedar por fuera las posiciones que cada uno y cada una tenga con respecto al trabajo sexual porque nadie puede estar a favor de la violencia institucional”.
El artículo 86 (ex 81), que se propone derogar, establece que “quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad, es sancionado con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de 200 a 400 pesos” y “en ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales”.
“Según el informe ‘Una mirada hacia la relación entre las fuerzas de seguridad y lxs trabajadorxs sexuales’, realizado por AMMAR y la RedTraSex en 2016, de 363 trabajadorxs sexuales encuestadas en los barrios de Once, Constitución y Flores, casi un 80% sufrió detención o demora por las fuerzas de seguridad”, indicaron.
En ningún caso hubo una causa judicial posterior. La población más afectada fue el colectivo de mujeres travestis y trans migrantes.
“Lo que planteamos es la derogación del artículo 86 del Código Contravencional y de la Cláusula transitoria concordante. Eso en definitiva habilita el ejercicio de un poder punitivo que es fuertemente selectivo y que se ensaña particularmente con las compañeros y compañeras”, dijo Lucía Cámpora.
En Argentina el trabajo sexual no es un delito. Sin embargo, los Códigos Contravencionales y/o de Faltas de 16 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires criminalizan la oferta de servicios sexuales en la calle y habilitan a la policía para vulnerar los derechos de las trabajadoras sexuales.