Por HÉCTOR COSTA / Abogado
Como puede observarse a lo largo y a lo ancho del territorio, la República Argentina constituye un país vasto y rico en diversos ecosistemas, biomas y configuraciones geográficas que dan lugar a diferentes formas de explotación y aprovechamiento de los recursos naturales por parte de empresas tanto nacionales como multinacionales. Históricamente, estas empresas se han encargado de invertir su capital en el desarrollo y la adquisición de la tecnología necesaria que aceitan los engranajes de la economía de nuestro país.
Dentro de esos lugares estratégicamente esenciales para la economía nacional se encuentra o que se conoce como la Hidrovía Paraná – Paraguay. Según el sitio oficial de la Presidencia de la Nación, ésta constituye un corredor natural de transporte fluvial con una longitud de más de 3.400 kilómetros de largo, extendiéndose a través de los ríos Paraná y Paraguay. Su importancia estratégica reside en que a través de ella se desarrolla una comunicación fluida y eficiente entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, siendo una pieza fundamental a la hora de establecer lazos comerciales y aceitar mecanismos de transporte de las exportaciones y las importaciones realizadas por el país.
Por otra parte, no se puede dejar de lado que la mencionada hidrovía forma parte del sistema hídrico conocido como la Cuenca de Plata, que constituye una de las mayores reservas hídricas no solo de la región, sino de todo el planeta, y es el área donde se concentra una importante actividad económica y la mayor densidad de población. Estas características terminan por configurar la necesidad de que existan mejores formas de explotación y usufructo de una región sumamente importante para el desarrollo del circuito económico y comercial de Argentina y también como forma de abonar a una mayor integración económica de los países del Cono Sur.
Tras cuatro años de saqueo de nuestros recursos, de mayores beneficios para las multinacionales y de la destrucción de la economía por parte del gobierno anterior, nos enfrentamos a una oportunidad de avanzar en el sentido contrario gracias a la gestión de un gobierno que ha demostrado permanentemente con hechos concretos y palpables tener iniciativas y políticas públicas destinadas a recuperar la soberanía económica y a planificar de manera eficiente la explotación de los recursos naturales con miras a una verdadera redistribución de la riqueza.
Hace unos días se reabrió el debate sobre el rol que puede jugar la Hidrovía Paraná – Paraguay ya que la licitación actual se encuentra pronta a vencer el próximo 30 de abril. Según el Diario La Nación, desde el gobierno no existen intenciones de renovar el contrato que está en manos de un consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa. Por su parte, desde este medio se encargaron de cuestionar las decisiones tomadas al respecto por el Poder Ejecutivo, que no hizo más que seguir los procedimientos necesarios a la hora de decidir la continuidad o el cese de la concesión actual.
A través del Decreto Nº 949-2020, el Presidente Fernández delegó en el Ministerio de Transporte conducido por Mario Meoni la facultad de llamar a una nueva licitación que defina qué entidad privada, mixta o pública va a tomar las riendas de uno de los más importantes sectores estratégicos del territorio argentino. Ante la situación histórica de la finalización de una concesión de 25 años a empresas privadas y por todos los argumentos esgrimidos anteriormente sobre el rol clave que juega y que puede jugar la hidrovía en la recuperación de la soberanía nacional y en el desarrollo de la economía tanto nacional como de la región, creo que es un momento propicio para replantearnos si existe la posibilidad de nacionalizar el canal que une los puertos más importantes a lo largo de miles de kilómetros.
A lo largo del desarrollo anterior quedó en claro que la explotación de este recurso estratégico en un país cuyo fuerte es la producción agropecuaria para exportar a otras partes del mundo, puede derivar en la obtención ingresos extraordinarios que en la actualidad engrosan las arcas de empresas privadas como sucede en algunos de los sectores de la economía. Pero esta oportunidad no solo debe ser pensada como una forma de dotar al estado de mayores ingresos, lo cual en sí mismo es un objetivo deseable, sino también como una manera de abonar la diversificación productiva, permitiendo el desarrollo actividades económicas no necesariamente relacionadas con la industria agropecuaria, y que podría derivar en el surgimiento de nuevas economías regionales.
Para lograr este objetivo, es necesario apoyarse en la política de recuperación de soberanía económica sostenida por la actual gestión de gobierno y rediscutir la forma en la que se explotan los valiosos recursos de la nación, poniendo sobre la mesa la necesidad de conformar un ente u organismo público que se constituya como responsable de gestionar dicha explotación para que sea fructífera para el conjunto de los habitantes de nuestro país. La nacionalización de este recurso seria excelente en términos económicos y de soberanía (aunque un pajarito comenta que el día del velorio de Maradona estuvieron regalando “parte” de nuestra soberanía a Uruguay) para nuestro país ya que no regalaríamos un sector interesante donde le pudiéramos sacar más rédito pero como dice el dicho no borres con la mano izquierda lo bueno que hizo tu mano derecha.