Por HÉCTOR COSTA / Abogado
Necesario es decir previamente, que el contrabando es una problemática internacional, son muchos los países que viven constantemente con esta problemática tanto fiscal como aduanera. Ahora bien, debe decirse que son esos mismos países, los que poseen fuertes estructuras gubernamentales y políticas de control aduanero que les permite disminuir el contrabando e incluso eliminarlo.
Habiendo dicho hecho, en lo que respecta a la Argentina, debe decirse que posee todas las herramientas necesarias para evitar el contrabando y de esta manera combatir la ausencia de dólares, pero son pocos los gobiernos los que realmente asumen un rol comprometido para enfrentar estas situaciones.
Los vínculos que existen entre el contrabando y el llamado fraude fiscal han sido varias veces acreditados por las autoridades de contralor abocadas a esta tarea, por ello se ha considerado como al delito de contrabando y los delitos fiscales, como las principales actividades productoras del dinero ilícito que luego se legitima en nuestro orden económico-financiero haciéndolo aparecer como producido lícitamente. Aunque lamentablemente los informes son de carácter abstracto o simplemente meras estadísticas que dejan distante un posible accionar verdaderos y en consecuencia, se omite la objetividad en la cuantificación del daño real tanto a nivel económico como a nivel institucional.
Dicho hecho resulta necesario focalizar, algunos de los problemas reales existentes y persistentes en la actualidad, a saber, por ejemplo, en lo que respecta a la ganadería y la agricultura los ingresos reales en la Republica Argentina superan muchas veces los cien mil millones de dólares por año, lastimosamente esos números no representa la realidad puesto que son producto del contrabando. Los números reales públicos que ingresan a las arcas públicas del estado, no superan (en promedio y en los últimos años) los 22 mil millones de dólares. Entonces, cual es el porqué de toda esta situación fáctica, pues bien, teniendo en cuenta que las exportaciones se realizan bajo un valor de dólar de 86 pesos en más o en menos, sumado a las retenciones decretadas por el gobierno nacional, es rotundamente y tristemente lógico que se prefiera obtener una ganancia mayor esquivando estas situaciones, es decir, resulta redituable, a pesar del peligro inminente por la comisión de delitos de contrabando. Por lo que sopesando esta realidad se puede decir que, si las exportaciones se producen al valor real dólar (ejemplo MEV o bolsa) y se reducen notablemente las retenciones a las mismas, en un periodo económico relativamente corto, es posible el aumento de los dólares en las arcas de este país; país que es ampliamente rico, pero que sus ganancias no son registradas conforme a la normativa.
Por ejemplo, en lo que respecta a la producción de cigarrillos producidos en Paraguay que son sometidos a prácticas de contrabando y falsificación marcaria impactan en cerca del 7% del mercado de consumo argentino, lo que se suma a otro 7% de cigarrillos ilegales fabricados en el país. Lo cierto es que esta actividad implica un negocio millonario. Se calcula que los 5,5 mil millones de cigarrillos de origen ilícito que se consumen anualmente aquí se traducen en más de 14 mil millones de pesos en el mismo período. Tal cantidad de activos lavados no solo afecta al orden aduanero y fiscal, sino también al orden público en su conjunto ya que crea las condiciones adecuadas para que los contrabandistas y falsificadores sobornen a los funcionarios encargados de los controles, penetren las campañas políticas y fortalezcan las alianzas con otras formas de delincuencia organizada. El alto nivel de impuestos que pesan sobre los cigarrillos, las asimetrías fiscales entre países limítrofes, las extensas fronteras sujetas a débiles controles, la existencia de una legislación permisiva y las restricciones y prohibiciones a las importaciones, son las principales causas que facilitan el desarrollo de este fenómeno que amenaza la actividad legal de distintas industrias en todo el mundo.
Así también otra cuestión concomitante resultan ser las aduanas, aduanas que muchas veces son paralelas, intoxicadas y reducidas a partícipes de ilícitos por conveniencia económica. No solamente se necesitan más controles con efectividad, en cumplimiento de las normativas contenidas en el código aduanero, aquellas resoluciones establecidas por la AFIP y por ejemplo las notas externas de la Administración General de Aduanas, sino también personal no contaminado, personal joven que quiera luchar por la ascensión del país como potencia económica. Ascensión que solamente podrá darse cuando se proclame a los productores como ejes centrales en la economía, brindándoles facilitaciones económicas para la exportación de sus productos y de esta manera, eliminar el estigma económico producido por el contrabando y aumentar el tesoro y los dólares que poseen las arcas del estado nacional.
Argentina debe producir y exportar, ampliar sus horizontes, reducir el contrabando y poseer políticas de control aduaneras fuertes, verídicas y reales, orientas a la lucha contra los delitos contra el fisco nacional; para y por el beneficio económico de toda la sociedad, beneficios que se verán reflejados en la educación, en el sistema de seguridad y en nuestros mayores. Así también resulta primordial, que el control judicial se realice en el país, esto es evitar el continuo traslado a la jurisdicción internacional de los delitos de contrabando, quien debiera resolver judicialmente estas cuestiones es la justicia nacional en lo federal, y entre otras medidas no solamente la aplicación de penas, sino también proceder al comiso de las mercaderías que son sometidas al contrabando y el comiso del transporte que facilita dicho delitos, ya sea transporte marítimo, por carretera, aéreo o por ferrocarril.