La Legislatura porteña aprobó la candidatura de Marcela Millán omo máxima autoridad del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. La actual Defensora General Adjunta del fuero penal porteño cuenta con un amplio apoyo institucional, de organismos de derechos humanos y de organizaciones de la sociedad civil.
Millán es la primera mujer que ocupará este cargo desde la conformación del Poder Judicial de la Ciudad, pese a que la defensa pública es una tarea marcadamente feminizada en la Justicia local. Por lo menos, dos tercios de las titulares de las defensorías oficiales de primera instancia son mujeres.
De cara a su futura gestión recalcó que “el derecho de defensa, como derecho fundamental, fue producto de una lucha de años. En el medio quedaron gran cantidad de personas que no tuvieron la posibilidad de defenderse frente a un Poder Judicial muchas veces indiferente o apático”.
Por eso, consideró que “hoy más que nunca se debe concebir a la defensa oficial como un servicio público. Hay que poner la experiencia, el compromiso con el trabajo y la sensibilidad en función de garantizar una mejor gestión y un mayor acceso a la justicia, en especial para quienes están en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de Buenos Aires”.
Con miras al horizonte, aseguró que “la gestión tiene que ser un proceso colectivo, acompañado por todos los miembros del Ministerio Público y por las organizaciones de derechos humanos con quienes compartimos la preocupación por esos sectores más excluidos”. Y en esta línea agregó: “Buscamos proporcionar asistencia jurídica integral en casos individuales y colectivos. La articulación entre Penal y CAyT debe ser permanente. Debemos priorizar aquellas personas en situación de vulnerabilidad”.