El legislador porteño del Partido Obrero Gabriel Solano volvió a presentar un proyecto para exigir la separación del Estado y la Iglesia. Así pidió eliminar los beneficios económicos que perciben estas instituciones.
En ese sentido, plantea dejar sin efecto las exenciones impositivas otorgadas a entidades religiosas estén registradas o no y cualquiera sea su conformación jurídica (lugares de culto, congregaciones, viviendas particulares o colectivas, fundaciones y ONG’s incluídas las que se presentan como “de bien público”, empresas y entidades educativas).
La iniciativa también estable que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) tendrá un plazo de 30 días para hacer público las propiedades pertenecientes a entidades religiosas en la Ciudad. A la vez, detallar los beneficios impositivos establecidos con anterioridad.
A su vez busca derogar todas las cesiones de inmuebles a título de uso precario y gratuito a favor de entidades religiosas. También solicita que la AGIP publique el listado de propiedades de dominio del Estado. De esta forma, proceder a su tasación y estipulación de un alquiler, entre otras cuestiones.
En los fundamentos de la medida, Solano indicó que “se pretende avanzar en la separación de la Iglesia del Estado, en este caso el de la Ciudad. Así golpear su capacidad de injerencia, denunciando su función social, cultural, educativa, su accionar político y terminando con el sostén del Estado a la misma. Este objetivo democrático básico se ha vuelto un problema para la lucha del movimiento de mujeres por el aborto legal, seguro y gratuito”.
Asimismo recordó que “luego de la media sanción en Diputados, la Iglesia Católica (también la Evangélica y otros credos) desplegó todos sus recursos económicos, organizativos y políticos para desarrollar una campaña oscurantista, anti científica, basada en engaños y prejuicios inaceptables contra un derecho elemental de la mujer como el aborto legal”.
“LA IGLESIA ES UNA USINA REACCIONARIA, OSCURANTISTA Y ANTIDERECHOS”
Sobre esa misma línea, el Legislador advirtió que, “en la Ciudad, la Iglesia Católica y el resto de las religiones tienen enormes beneficios. Ellas reresentan un sostén del Estado a una usina reaccionaria, oscurantista, antiderechos. Brindan como contrapartida una contención social frente al saqueo de las condiciones de vida de las masas y un adormecimiento y resignación frente a la necesidad del pueblo de desarrollar toda su capacidad de lucha para derrotar el ajuste”.
“La eliminación de este sostenimiento tiene un sentido claramente democrático que la burguesía y sus partidos no están dispuestos a llevar adelante. De hacerlo, entrañaría liberar al pueblo de una opresión ‘espiritual’ totalmente funcional a los intereses de la explotación del hombre por el hombre”, aseveró.
Concluyó manifestando que “los derechos democráticos elementales como la libertad de la mujer para decidir qué hacer con su cuerpo y su vida, la del hombre para asociarse a la mujer en una lucha común, la del conjunto para vivir en libertad la sexualidad son incompatibles con el dominio religioso impuesto a creyentes y no creyentes por la acción de fuerza del Estado”.