Jueves, 19 de Diciembre de 2019

Luces y sombras de los nuevos anuncios económicos de Alberto Fernández

Por: MARGARITA STOLBIZER Y SERGIO ABREVAYA

Las facultades delegadas, un mecanismo innecesario. Lo mejor es que el gobierno empiece profundizando el ejercicio democrático y sumando propuestas de todas las voces del Parlamento.

 

Si bien creemos que, en anteriores oportunidades, frente a un nuevo gobierno, corresponde colaborar en la consideración e implementación de las primeras herramientas de gestión, actuando sin prejuicios y presuponiendo las buenas intenciones para lograr las mejoras que la Argentina necesita en la búsqueda del bien común, no se puede empezar negando al Congreso sus facultades.

 

El paquete de iniciativas que forman parte del Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación deberá pasar por un amplio y profundo debate que ponga al Parlamento en el lugar de la construcción democrática y el sistema republicano. Por eso creemos que debe preservarse la institucionalidad y la división de poderes, erradicando cualquier forma de discrecionalidad en la toma de decisiones y, especialmente en el manejo de los recursos públicos.

 

Advertimos, en este sentido, que resulta abusiva e injustificada la casi ilimitada delegación de atribuciones que el Poder Ejecutivo pretende que le otorgue el Legislativo.

 

Es razonable que la declaración de la emergencia vaya acompañada de una cantidad de medidas de excepcionalidad que permitan abordarla con la eficacia que la situación requiere. Pero en ningún caso podrán ser el salvoconducto para que la administración se aparte de las reglas, normas y controles para asegurar el manejo transparente y eficiente de los recursos y bienes públicos. Y para ello será imprescindible contar con los organismos a cargo en una actuación independiente y dispuestos a una permanente rendición de cuentas.

 

    Lo que no está en la ley, pero es imprescindible: Consejo Federal Económico y Social

 

Sin perjuicio de ello, entendemos que debe ponerse en marcha de manera inmediata el funcionamiento de un organismo autónomo y permanente para institucionalizar un diálogo permanente con distintas representaciones políticas, sociales, económicas, académicas, que permitan en conjunto y de manera eficaz, no solo abordar las urgencias del presente, sino abrir un camino de certezas hacia el mejor futuro que esperamos para la Argentina. Nos referimos a la necesidad de que las diferentes medidas a adoptar sean resultado de consensos que no sólo se deben alcanzar en la formalidad de encuentros bilaterales con actores de áreas específicas, sino a través de un Consejo Federal Económico y Social que pueda abarcar con integralidad los conflictos, las soluciones, y las expectativas para construir una visión compartida de Nación.

 

El objetivo de las medidas económicas es dar señales al FMI ante la búsqueda de renegociación inminente de los nuevos vencimientos de deuda.

 

De acuerdo a la presentación del Ministro de Economía, las medidas están orientadas a sostener el equilibrio fiscal, la no emisión y cuidar al extremo los dólares de que dispone el Poder Ejecutivo.

 

El equilibrio fiscal por el lado de los ingresos, vía incremento de impuestos en retenciones y consumos en el exterior, con una contracción del gasto ajustando vía las jubilaciones y pensiones, con cambio en la modalidad de pago, hace que se cumplan las metas.

 

Así como nos parecen adecuadas las medidas que apuntan a atender las situaciones de emergencia social, promover la reactivación productiva y alcanzar la solvencia fiscal, consideramos imprescindible la aplicación de criterios de equidad distributiva de recursos y esfuerzos.

 

La fijación de un gravamen a la renta financiera a través del impuesto a los depósitos a plazo fijo, fue un avance del Congreso de la Nación y no existe ninguna razón que justifique abandonar esa medida. Al contrario, y reiterando una posición que hemos sostenido desde hace muchos años, resulta insoslayable una discusión honesta, académica de amplia participación, para una reforma del sistema impositivo que finalmente nos ponga en el camino de la equidad.

 

 

Se ajusta a los jubilados, toda vez que se le quita un incremento por lay y se le otorga dos bonos excepcionales para compensar la quita.

 

Entendemos que las medidas que apuntan a un achatamiento de emergencia del sistema previsional con la eliminación de la movilidad de ajuste prevista en las leyes vigentes son muy negativas, tiene raigambre constitucional, en el art.14 bis y apunta a atender el impacto de la inflación en los haberes del sector pasivo, un conflicto grave que afecta nuestra vida cotidiana y nuestra economía y que no parece tener vía ni propuesta de solución. En igual sentido nos manifestamos sobre la eliminación de la garantía de pago del 82% móvil para algunas jubilaciones, como las del personal docente. Esto también implica un retroceso inconstitucional ya que los derechos humanos y en particular en las relaciones laborales, deben respetar el principio de progresividad que se estaría afectando.

 

 

Finalmente, creemos que Argentina está frente al desafío de salir de la crisis asegurando y ampliando derechos, nunca a la inversa. Y para ello, debe contar con un funcionamiento de las instituciones que así lo garanticen. Y una ampliación acorde de la agenda de prioridades del estado que no puede postergar las reformas necesarias en las áreas de la educación y de la justicia.

 

Comprometemos nuestro esfuerzo y apoyo para el futuro mejor que nos merecemos.

 

MARGARITA STOLBIZER   Presidenta de GEN

SERGIO ABREVAYA   Secretario General del GEN 

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