Martes, 3 de Octubre de 2017

La región, frente a Venezuela: límites al principio de no injerencia

Por: MARCELO STUBRIN

Más del 60% de los chicos pobres en Venezuela tienen problemas serios de desnutrición. Venezuela se encamina hacia una catástrofe humanitaria”. Con lacerante urgencia, el último informe de Caritas confirma lo que ya se sabe: Venezuela no sólo destruye su presente sino que está negando el futuro.

 

Mientras tanto, su gobierno declama ante cualquier crítica la “criminal injerencia en los asuntos internos”. Y a veces parecen tener éxito. El silencio se extiende y las iniciativas se paralizan.

 

Es cierto que el respeto por la soberanía de un estado impide, en principio, intervenir en sus asuntos internos. Por siglos se interpretó de manera absoluta. Pero lentamente, y urgidos por las necesidades crecientes de protección de la persona, los estados, han ido renunciando voluntariamente a asuntos de su jurisdicción y los han puesto bajo el escrutinio internacional, en el entendido de que constituye una forma efectiva de prevención y sanción a violaciones de derechos humanos y del orden democrático.

 

Esas cesiones no fueron fáciles ni pacíficas y cada región las hizo conforme sus necesidades más esenciales. Europa construyó un sistema de protección muy efectivo y muy amplio, con gran poder inquisitorio, excluyendo de Unión Europea a quienes no se apegan a sus normas. Africa, con una larga lista de atrocidades, adoptó un esquema en el que los estados miembros aceptan la intervención militar internacional para detenerlas.

 

En América, además de las facultades conferidas al sistema interamericano de protección de derechos humanos, los estados han ido elaborando medidas preventivas para superar la endémica ruptura o suspensión de regímenes democráticos que tanta desgracia les ha traído a sus poblaciones.

 

Por voluntad propia, firmaron la Carta de la O.E.A. privilegiando la democracia representativa sobre cualquier otra opción de gobierno: alternancia, elecciones libres, división de poderes, justicia independiente y respeto irrestricto de los derechos humanos. En 1991 manifestaron su voluntad de apoyar la democracia en el “Compromiso de Santiago con la Democracia Representativa” y reformaron la Carta de la O.E.A. en 1992 mediante el “Protocolo de Washington” permitiendo la suspensión de aquel estado miembro que interrumpiera la vigencia de su sistema democrático.

 

Avanzaron aún más en 2001 con la firma de la “Carta Democrática Interamericana”, reconociendo la democracia como un derecho de los pueblos de América, esencial al desarrollo y cuya vigencia está ligada a la paz y la seguridad de la región. Más claro, imposible.

 

Aceptaron así, una restricción soberana voluntaria, otorgada con pleno discernimiento, intención y libertad. Sin ningún tipo de coerción. Desde ese momento, la vigencia de la democracia en las Américas es un asunto no sólo de incumbencia doméstica sino que es una obligación internacional a cumplir por parte de todos los estados miembros.

 

Por ello no resulta un argumento válido que un estado incumpliente reclame la abstención de los demás miembros amparándose en el principio de no injerencia cuando de la vigencia de la democracia se trata. Como tampoco es válido sostener que retirarse del sistema implica borrar las obligaciones contraídas. Lo dice la Carta Democrática, pero además, es bueno recordar que en América la democracia es un derecho reconocido por los estados de modo irrreversible. Aunque se rompan los papeles firmados, los deberes siguen vigentes y plenamente exigibles.

 

Constituye además un incumplimiento de la obligación de los estados miembros el silencio, la inacción o la indiferencia, puesto que es precisamente para eso que el sistema ha sido creado: para advertir, para dar la voz de alarma y para actuar cuando las instituciones están en peligro o han sido avasalladas. Fue el gobierno del pueblo de Venezuela el que firmó la Carta Democrática Interamericana precisamente para que si algún día necesitaba de la solidaridad continental, la encontraría en su aplicación. ¿O acaso es razonable pensar que son los verdugos de la democracia los que pueden exigir legítimamente que no se aplique ese remedio?

 

Ello no significa aceptar la intervención armada o la coerción ilegal que suelen acarrear más dolor y sufrimientos, como ya ha sido reiteradamente comprobado en el mundo. Hay un océano de posibilidades para actuar, que es precisamente lo que la Carta nos pide que hagamos: intentar todos los caminos, utilizando las vías diplomáticas y excluyendo la violencia. Existen herramientas que fueron efectivas en otros casos: en los planos económico, social, cultural y político.

 

Para evitar la inminente catástrofe humanitaria tenemos todo lo que precisamos tener: una obligación moral ineludible con el pueblo venezolano y un deber legalmente exigible de que Venezuela recupere la democracia. Simplemente, no quedan más argumentos para no actuar mancomunadamente. Si no lo hacemos incurrimos en grave omisión, mientras esa querida nación se sigue hundiendo en el desamparo y el abandono.

 

MARCELO STUBRIN   Embajador argentino en Colombia

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