Lunes, de 2017

Educación: ¿qué aprendimos?

Por: SUSANA DECIBE

Tanto se ha mentido a través de los años para acomodar la realidad y los hechos a la medida de los triunfadores de turno que hemos crecido con una visión binaria de la historia que poco nos ayuda a comprender la complejidad real en la que ocurre la vida en común. La educación como política pública no es una excepción. Crecimos creyendo que desde el gobierno nacional se conducía la educación de todos los argentinos y que ésta era homogénea. Solamente cuando un estudiante de Tucumán, por dar un ejemplo, quería migrar a una escuela de Buenos Aires, su familia se enteraba de que no era así. Debía ingresar dos o tres años más atrasados de los que decía su certificado de estudios de origen. Las provincias, que son anteriores a la Nación, crearon su oferta educativa y desde Sarmiento hasta hoy nos encontramos luchando para que haya un piso de equidad y calidad a lo largo y ancho del país.

 

En 1905 y para completar la ley 1420 se sancionó la Ley Láinez para dar impulso a una educación de calidad, laica y gratuita. Autorizaba a la Nación a crear escuelas en las provincias que lo solicitaran. No sustituyeron la oferta local, sirvieron de alternativa para las familias interesadas en que sus hijos recibieran mejor educación. Así a través de los años nacieron -no sin conflictos-, escuelas primarias, rurales y secundarias comerciales, industriales, nacionales y normales. Luego la dictadura militar transfirió las escuelas primarias nacionales a las provincias (sin financiamiento) y quedaron en el nivel nacional las secundarias y los institutos de formación docente.

 

Cuando recuperamos la democracia y el gobierno del Dr. Alfonsín convocó en l984 al Congreso Pedagógico Nacional, el estado de la educación argentina era lamentable. Muchos trabajos de investigación daban cuenta del vaciamiento de contenidos que se había operado en el sistema, del atraso en los planes de estudio, de la fragmentación de la oferta, no sólo entre las provincias sino dentro de ellas, reproduciendo las diferencias sociales de la población. Los acuerdos de aquel histórico evento fueron en dirección de dejar en manos de las provincias la gestión de toda la oferta educativa con excepción de las universidades nacionales, y que el ministerio nacional, en acuerdo con aquellas, dictaminara la política para todo el país.

 

Desde ese Congreso hasta la sanción de la Ley Federal de Educación en l993 pasaron debates legislativos intensos, la Marcha Blanca Educativa, paros docentes y la transferencia a las provincias en l992 de todas las escuelas secundarias y las instituciones de formación docente, esta vez con financiamiento y convenios. Fue el primer encuadramiento legal para transitar un camino nuevo, un ministerio sin escuelas pero para todas las escuelas. Cambió la agenda, acuerdos federales para contenidos educativos actualizados, cambios para la formación docente, evaluaciones sistemáticas de alumnos de todo el país, políticas compensatorias para las zonas más desfavorecidas, orientaciones para la organización de las escuelas, distribución masiva de equipamiento, construcciones y reparaciones masivas.

 

Ese proceso no fue ni es lineal. Las provincias más fuertes ejercen resistencia a los cambios que se proponen y los gremios, amenazados por la transferencia de las escuelas y radicalizados políticamente, siguieron la inercia de sus luchas. En los 90, llegaron a ser 14 las provincias que se demoraban en el pago de los salarios docentes. Los recursos que recibían para las escuelas transferidas, como no tenían asignación específica, en muchos casos los usaban para otros fines como sostener los bancos provinciales o hacer obra pública. El ministerio nacional avanzaba en la nueva agenda pero nunca logró lo mismo que hoy se niega: el acuerdo federal sobre toda la política docente, incluso la carrera profesional y una escala salarial de referencia.

 

La Carpa Blanca Docente instalada en esa etapa fue genuina para el reclamo salarial pero falsa cuando afirmaba, a sabiendas de que no era así, que aquellas políticas eran neoliberales. Paradojalmente, a partir de su instalación hubo más días de clases y en todo el país los docentes y los gobiernos provinciales recibían con sumo interés los nuevos lineamientos. Sin embargo, esa carpa junto al apoyo de los partidos opositores -que la usaron para su propia campaña-, lograron falsear y enterrar la política educativa.

 

Cuando la Ctera finalmente cogobernó el ministerio de Educación durante el gobierno kirchnerista, logró lo que la Alianza no había hecho: paralizar todas las líneas de reforma y dejar al sistema estatal en estado terminal. Pregunto frente al eterno retorno: ¿quiénes ganaron?, ¿qué aprendimos?

 

SUSANA DECIBE   Ex Ministra de Educación de la Nación

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