Martes, 25 de Junio de 2019

Educación: inclusión y calidad

Por: DANIEL FILMUS

Las leyes que estructuran y promueven el desarrollo del sistema educativo deben ser diseñadas como planes de gobierno a mediano y largo plazo. Los tiempos pedagógicos son mucho más amplios que los calendarios electorales, por ello las normas deben ser concebidas como políticas de Estado.

 

El ejemplo más claro es la Ley 1420: aprobada en 1882, se planteó un objetivo que, inédito para la región en aquellos tiempos, permitió un progreso enorme para nuestro país como fue la educación primaria obligatoria. Ahora bien, el cumplimiento cabal de esta meta llevó casi un siglo. Recién sobre el inicio de la década del 70 se logró universalizar la matrícula de este nivel.

 

¿Cómo nos fue con las nuevas metas de obligatoriedad aprobadas en la Ley de Educación Nacional (26.026) votada en el año 2006? Publicaciones recientes realizadas por el Observatorio Argentinos por la Educación muestran que la norma dio un gran impulso al crecimiento de la cobertura. En lo que respecta al Nivel Inicial, en el período 2007/17 la sala de 4 años se expandió un 43,8%, quedando muy cerca de la universalización, y la sala de 3 años creció el 41,9%.

 

En esta década 324.757 nuevos/as niños/as de 3 a 5 años pudieron acceder al nivel. Los datos muestran que entre 2007 y 2015 se incorporaron 33.500 nuevas/os niñas/os por año. A partir de 2015 y hasta 2017, aunque en un número anual menor (28.600), la matrícula siguió creciendo.

 

Tomando en cuenta el impacto positivo que tiene la escolarización temprana, especialmente entre los niños que provienen de hogares más pobres, es de esperar que este crecimiento se exprese en mejores rendimientos escolares en la primaria y en mayores posibilidades de continuar los estudios medios y superiores.

 

La Ley 26.026 también legisló sobre la obligatoriedad del secundario. Al respecto, los trabajos del mismo Observatorio muestran que los alumnos de último año de escuela media crecieron un 30% entre 2007 y 2016 y los egresados del mismo nivel se expandieron el 33% en el mismo período.

 

El estudio muestra que este crecimiento de la matrícula fue acompañado por una mejora en el rendimiento de los alumnos: “en 10 años, la proporción de adolescentes de 17 años que alcanza el último año de la educación secundaria en edad teórica, es decir sin haber reprobado ni abandonado temporalmente la escuela, mejoró del 32 al 45%”.

 

Al mismo tiempo, analizando los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad en lengua y matemática, concluye que “…esta tendencia inclusiva no operó en contra de los aprendizajes…”. Es decir, hay más adolescentes y jóvenes en las escuelas medias aprendiendo más. Por otra parte, los últimos datos de la EPH muestran que hemos avanzado y que hoy 2 de cada 3 jóvenes de 25 a 30 años ya ha terminado la secundaria.

 

Ahora bien, estos avances logrados en el cumplimiento de la obligatoriedad corren el riesgo de frenarse si al mismo tiempo se vulneran las metas dispuestas por la Ley de Financiamiento Educativo. Una reciente investigación realizada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) concluye que, luego de que la inversión en educación alcanzó el 6% del PBI, “la caída presupuestaria 2016/19 alcanzaría el 19% en términos reales”. De esta manera se está dificultando seriamente la posibilidad de que todos/as los/las niños/as y jóvenes puedan lograr los 14 años de escolaridad obligatoria.

 

Es necesario seguir avanzando en la incorporación de todos/as los/as niños/as y jóvenes. Pero el principal desafío de los próximos años está vinculado a la mejora de la calidad de la educación. No se trata sólo de que las nuevas generaciones estén escolarizadas. Es necesario que allí adquieran los conocimientos y valores que la escuela promete transmitir. Hoy la integración social plena al mundo del trabajo y la ciudadanía no sólo exige los certificados educativos, principalmente requiere de los saberes necesarios para comprender y participar en un mundo cada vez más complejo.

 

Si, como señalamos, el aumento de las matrículas requiere de políticas sostenidas en el tiempo, la mejora de la calidad de la educación exige de plazos y continuidades aún más sólidas y extendidas que tengan como eje central la jerarquización de la formación y del trabajo de maestros y profesores. No hay medidas mágicas que logren construir una educación de calidad para todos/as en forma inmediata.

 

Argentina cuenta con un plexo normativo votado por unanimidad o amplia mayoría por nuestro Congreso Nacional. La Ley de Educación Nacional, la de Financiamiento Educativo, la de Educación Técnica, la del ciclo lectivo de 180 días y la garantía del salario docente, la de Educación Sexual Integral son algunas de las normas que, logradas con amplia participación y consenso, hoy sólo se cumplen parcialmente.

 

Es necesario recuperar la capacidad de concertación entre los actores que conforman la comunidad educativa y todos los sectores sociales involucrados para avanzar en el cumplimiento pleno de las leyes como programas de Estado a largo plazo.

 

Solo así lograremos construir un sistema educativo profundamente democrático y de calidad con capacidad de incluir a todos/as, imprescindible para avanzar hacia una Argentina con mayor desarrollo, soberanía y justicia social.

 

DANIEL FILMUS   Diputado Nacional por Unidad Ciudadana

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